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Las sedes de partidos políticos han sido protagonistas en varias ocasiones de casos de corrupción. El 16 de febrero, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunciaba que dejan su sede en la calle Génova 13 de Madrid. "No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales", aseguró en referencia a las investigaciones judiciales por la presunta financiación ilegal de las reformas del edificio con la caja B del partido.
Unas obras que, según María Dolores de Cospedal, secretaria general entonces, figuraban en la contabilidad oficial del PP.
En cambio, la sede tuvo que ser registrada por la Policía para buscar las facturas de la presunta caja B con la que se pagaría la reforma porque el juez Pablo Ruz consideraba que el PP no cooperaba. En ese momento, Mariano Rajoy negaba que se hubiera producido ese registro.
Más tarde, Hacienda ha acreditado que las obras se hicieron con dinero de la presunta caja B del partido y ahora la justicia está investigando esa reforma.
Sede del PP en Bilbao
Pero no es el único caso entre las filas populares. En 2014, Hacienda apuntó, en la misma línea que anteriormente hizo el extesorero popular Luis Bárcenas: el PP en el País Vasco utilizó fondos destinados a otras partidas -dotar de seguridad privada a sus cargos públicos- entre 1998 y 2005 para pagar la hipoteca del edificio del partido en Bilbao.
Ferraz y el caso Filesa
También a nivel nacional ha habido escándalos que han salpicado a sedes de otros partidos. Es el caso del Partido Socialista en el caso Filesa. En 1992, un año después de que estallara el caso en el que varias empresas contribuyeron a la financiación ilegal de campañas electorales del PSOE, el juez ordenó el registro de la de la formación en la calle Ferraz para incautar documentación de la contabilidad del partido.
En el PSOE, según El País, mostraron su "disconformidad" con esta orden judicial. Pedían al magistrado que detallara qué documentos eran los que solicitaba para que fueran ellos mismos quienes los entregaran.
Embargo de las sedes de Convergència
El pasado 15 de julio, elDiario.es publicaba que la Fiscalía había presentado ante la Audiencia de Barcelona una lista con más de 40 sedes, propiedad de la antigua Convergència para que sirvan para devolver las comisiones que pagó el partido en el caso Palau.
Pero ya en 2015, el juez del caso ordenaba el registro de una de las sedes de Convergència. En ese momento, el que fuera President de la Generalitat, Artur Mas, decía que él mismo y su partido estaban sufriendo una sobreactuación de la Guardia Civil y de la Fiscalía, además de una operación mediática. Eran "objetos de caza mayor".
Artur Mas aseguraba también que no creía en las casualidades. "Yo he visto en mi propia trayectoria cómo pasaban cosas que generaban un gran revuelo y terminan en nada", decía el expresident en una comisión del Parlament de Cataluña.
Al final, el caso Palau ha terminado con la condena de Convergència a pagar 6,6 millones de euros y a los tres cabecillas de la trama, Félix Millet como máximo responsable del Palau de la Música, su número dos, Jordi Montull, y el extesorero de Convergència, Daniel Osàcar, a penas de entre 3 y 9 años de prisión.
